El jurista Mario Seoane estuvo en Chiclayo para participar de un importante Conversatorio –Taller sobre la Deuda Agraria y el Estado de Derecho en el que sostuvo que éste es un problema jurídico, social y político que reclama una urgente solución, jurídicamente se trata de una deuda del Estado Peruano, no una deuda cualquiera, fue asumida dentro de un proceso judicial de expropiación y eso le da un valor adicional frente a deudas comunes; socialmente la deuda está vinculada a la situación de un gran número de peruanos, a quienes se les confiscó, incautó si propiedad, bajo la justificación de que había una injusta distribución de la tierra, pero que su ejecución desarticuló el sistema productivo y generó grandes niveles de pobreza, abandono y el retraso en el agro, lo que indudablemente afectó a todo el país.

Seoane refirió que hace unos días un analista de temas del agro comentaba que en la actualidad, las hectáreas dedicadas por ejemplo, al algodón, son cerca de 40 mil, sin embargo, antes de la Reforma Agraria, eran 250 mil.

Y el aspecto político tiene que ver con la identidad de nuestro Estado de Derecho y con el compromiso de respeto al derecho de la propiedad, porque en este problema, la actuación de los gobernantes ha sido de una total renuencia a dar solución definitiva, ha habido una constante en pretender dar pasos aparentemente contundentes pero sin llegar nunca a una definición.

El hombre de leyes manifestó que durante el régimen de Alberto Fujimori este asunto de la deuda agraria se caracterizó por tres momentos. El primero cuando se dictó el Decreto Legislativo Nº653 que promovió las inversiones en la agricultura, el mismo que derogó la Ley de Reforma Agraria y estableció que las expropiaciones pendientes debían calcularse a valor de mercado, con ello modificó sustancialmente el sistema.

Sin embargo contradictoriamente, se dio un giro de 180 grados y aprobaron dos leyes que derogaron la nueva forma de cálculo establecía por el Decreto Legislativo Nº653 y la otra, dispuso que los bonos solo podían cobrarse a valor nominal, que ya era cero, por efecto de la hiperinflación, lo cual generó grandes protestas de los tenedores de bonos organizados en ADAEPRA.

Y finalmente en los últimos días del gobierno fujimorista, se aprobó el Decreto de Urgencia Nº. 088-2000 que ratificó la existencia de la deuda y promovió un sistema de canje de bonos. Estableció un sistema que comprendía la actualización en dólares americanos y una tasa de interés del 7.5 % anual.

Durante el Régimen del ex presidente Valentín Paniagua, ocurrieron dos hechos importantes, señala Mario Seoane, los que se circunscriben en el pronunciamiento que hizo el Tribunal Constitucional a través de la sentencia emitida el 15 de marzo del 2011, en la acción presentada por el Colegio de Ingenieros a solicitud de ADAEPRA, donde se reconoció que la deuda agraria debía ser actualizada.

Es en este momento que el propio gobierno de Paniagua reconoció la validez de la sentencia y el mandato de actualizar la deuda a valor presente de mercado, mediante el Decreto Supremo Nº 148-2001-EF. En los considerandos de este decreto se puede apreciar la clara voluntad del gobierno de cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional.

En el gobierno de Alejandro Toledo, se dio una corriente favorable a la solución de este problema al grado que la Comisión creada por el Decreto Supremo Nº 148-EF-2001 concluyó sus trabajos y elaboró un informe que el Ministerio de Economía y Finanzas no hizo de conocimiento oficial. Pero además se presentaron en el Congreso innumerables proyectos de ley de pago de la deuda agraria. En Marzo del 2006, el Congreso aprobó una ley que establecía un canje de bonos, un proyecto bien elaborado, que lamentablemente fue observado por el Presidente Toledo.

Y en el Régimen del ex presidente Alan García Pérez, la corriente de reconocimiento de la deuda agraria decayó, hubo un hecho muy curioso –refiere Seoane- dos ministros de Economía, del mismo régimen , dijeron cosas totalmente diferentes . El Ministro Carranza, seguramente para evitar atender reclamo alguno manifestó que la deuda agraria ya había sido pagada, y esa, que podría ser una posición personal, de algún asesor solicito, se convirtió en la posición del gobierno, es así que el ministro Carranza asumió demasiado riesgo por esa declaración, porque tranquilamente se expuso a una acusación constitucional que obviamente no se realizó.

Posteriormente el Ministro Benavides, no quiso ser parte de esta ilegalidad y anunció públicamente que presentaría un proyecto al Congreso a fin de dar solución al problema de la deuda, el proyecto nunca se presentó. Precisamente esto dio pie para que el Congreso, en sus días finales, tal como ocurrió en el 2006, aprobase su propio proyecto de canje de bonos, muy similar al del 2006. Una vez aprobado, el Ejecutivo manifestó que observaría el proyecto aprobado y el proyecto se quedó en el Congreso, aunque hay un detalle que pocos saben, la idea del proyecto era actualizar la deuda con IPC más intereses lo cual estaba bien y es acorde a las actualizaciones que aprueba al poder judicial, pero una vez actualizada la deuda se iban a entregar bonos a 30 años, con una tasa de interés anual, en la parte final del debate, el presidente de la Comisión Agraria, modificó el proyecto y pidió que se le retire la tasa de interés a los bonos que iban a entregarse, y de esa manera el proyecto fue aprobado. Este hecho está registrado tanto en el video como en el acta de la sesión del 19 de julio del 2011.

Seoane refiere que no obstante ésta situación el Ministro Benavides, cuidó en señalar en todos los informes oficiales finales del gobierno y especialmente del Ministerio de Economía, que la deuda agraria se encontraba pendiente de pago.

Amig@s lectores el Estado ejerció la fuerza y el derecho para arrebatarles la propiedad a miles de peruanos, por ello asumió una deuda que tiene que cumplir. La razón de la obligatoriedad de este cumplimiento, radica en el respeto a la propiedad que es la esencia del Estado de derecho, y nuestro Estado tiene una serie de obligaciones que debe atender sin discriminación, y hay discriminación cuanto a los gobernantes son prolijos y cuidados cumplidores de los compromisos externos y descuidados y desatendidos con la deuda interna, esa discriminación afecta al propio Estado, por ello es importante buscar los caminos finales de solución y dar un mensaje: La propiedad se respeta. Va llegando el momento de encarar con responsabilidad este tema, el presidente Ollanta Humala tiene la palabra y recuerden la Deuda agraria es un tema que necesita debate jurídico y también debate social.